Imputan a Hugo Javier y otras 15 personas por lesión de confianza y otros hechos punibles

El fiscal Rodrigo Estigarribia, de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó al gobernador castista del departamento Central, Hugo Javier y a otras 15 personas por “obras fantasmas”.

La Fiscalía confirmó la imputación por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, al gobernador colorado Hugo Javier González y otras 15 personas, que ya estaban siendo investigadas por el presunto desvío de fondos estatales mediante organizaciones no gubernamentales.

Junto a Hugo Javier González, están imputados el director general de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas Giménez, el presidente de la ONG; Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo; el tesorero de la Fundación CIAP, Paulino De Los Santos Palacios Recalde, entre otros, según el informe de ABC.

Asimismo, aparecen en la lista de imputados, Nicolás Emanuel Álvarez Doria, síndico actual de CIAP; y varios subalternos del Gobernador: la secretaria general de la Gobernación, Lourdes Verónica Lezcano Decoud, el secretario de Obras Públicas, Armando Adolfo Soler Espinola; el exjefe de Tesorería, Luis Eduardo Allende Araujo, el asesor jurídico, Edgar José Zaracho Quintana, el jefe de departamento de Presupuesto, Guido Rolando Portillo Torres; Modesta Valiente Escobar, funcionaria de la dirección de Administración y Finanzas y el exjefe del departamento de Fiscalización de Obras, Adalberto Benítez Aguilera.

Finalmente, están los contratistas Oscar Morel Oses y Óscar Laureano Gaete Gómez.

De acuerdo a lo informado por medios radiales, en el marco de la imputación, el fiscal pidió al juez Penal de Garantías que dicte la prohibición de acercamiento a la Gobernación de Central a los imputados.

La cuestión había trascendido en medios de comunicación y se conoció como el caso de las “facturas falsas”. Más tarde, luego de un análisis, la denuncia formal la realizaron la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Secretaría Nacional Anticorrupción.