El proceso contra Ulises Quintana está congelado en la Sala Constitucional

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene trabado el proceso contra el diputado Ulises Quintana, precandidato a Intendente de Ciudad del Este por el movimiento oficialista Concordia Colorada. La causa está congelada hace casi un año y medio.

El legislador colorado soporta un proceso por Asociación Criminal y Lavado de Dinero, delitos asociados al narcotráfico derivado del sonado caso “Berilo”, por el cual estuvo preso en la cárcel militar de Viñas Cue, pero fue liberado tras una controvertida decisión de la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos, que le concedió la libertad ambulatoria el 30 octubre del 2020.

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Su prisión preventiva había sido confirmada solo 8 días antes, por la jueza Alicia Pedrozo, lo que deja entrever que existió una fuerte presión política para conseguir la libertad del diputado sobre quien recae sospechas de colaborar con el narcotráfico.

Tras concederse su libertad, el Ministerio Público presentó una acción de inconstitucionalidad contra la decisión de la Cámara de Apelaciones, a través de la cual se anuló la acusación en contra del legislador colorado y por ende y revocó le benefició con medidas sustitutivas a la prisión, bajo una serie de reglas de conducta y una fianza de G 300.000 millones.

Esta causa se encuentra durmiendo en la Sala Constitucional hace un año y cuatro meses, ya que hasta la fecha no se ha expedido sobre la cuestión planteada. Este cuerpo colegido tiene la decisión de dejar sin efecto o dar continuidad del proceso penal. Este año se realizan las elecciones municipales y Quintana sigue siendo el candidato por Concordia para la intendencia en Ciudad del Este.

En la víspera, el Gobierno de los Estados Unidos anunció que Quintana y su esposa Mirtha Fariña Velausteguiz tienen prohibida la entrada a ese país por “Las acciones corruptas del representante paraguayo Ulises Quintana facilitaron el crimen organizado transnacional y socavaron el estado de derecho en Paraguay”.

Esta declaración causó un revuelo en la arena política, sin embargo, el movimiento Concordia, aún respalda al polémico parlamentario.