Presentan proyecto de ley para prevenir y sancionar el conflicto de intereses en la función pública

Diputados del Frente Parlamentario contra la Corrupción presentaron hoy un proyecto de ley que busca implementar la Declaración Jurada de Intereses, un documento en el que las autoridades deberán consignar todos sus intereses al asumir el cargo, y que estará disponible para la ciudadanía en una plataforma virtual.

La ley busca sancionar el conflicto de intereses de personas en ejercicio de funciones públicas y/o con poder de decisión y administración de recursos públicos. Sería aplicable a todas las personas que perciban salarios o ingresos del Estado.

El conflicto de intereses es definido por la ley como «situación actual o potencial de colisión o tensión en la que el interés privado de quien ejerce función o el deber público puede interferir o ser contrario o adverso a los intereses públicos o influir indebidamente en el ejercicio de las funciones públicas que desempeña».

Esta definición es importante, pues según se explica en la nota presentada al presidente de la cámara de diputados, existe un vacío legal en cuanto a la legislación vigente respecto al conflicto de intereses, ya que si bien existen leyes como la 1626/2000 «De la función pública»; la ley 2051/2003 «De contrataciones públicas»; o la ley 2777/2004 «Que prohíbe el nepotismo en la función pública», en ninguna de ellas se hace referencia al conflicto de intereses como tal.

La ley define en el artículo 4 que los funcionarios deberán renunciar a su participación en las empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado o a sus organismos y en empresas que presten servicios sujetos a tarifas reguladas o que exploten, a cualquier título, concesiones otorgadas por el Estado, incluidas las concesiones de radiodifusión. Así, se busca prevenir el conflicto de intereses desde el ingreso a la función pública, pues la renuncia o enajenación deberá darse dentro de los 120 días corridos desde el momento de asumir el cargo.

La ley habla en el artículo 5 de una «Declaración jurada de intereses», en la cual los funcionarios deberán declarar sus intereses privados, «entendidos como tales aquellos personales, económicos, financieros, profesionales, laborales o particulares de cualquier otra índole, los de su grupo familiar o de sus amigos cercanos, de modo tal que estos podrían influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones públicas».

Esta declaración deberá ser presentada solo por las autoridades, no por todos los funcionarios de cada institución. Entre estos altos funcionarios se cita a los ministros, intendentes, congresistas, asesores, autoridades de binacionales, presidente y vicepresidente, comisarios principales, embajadores, entre otros. La Contraloría General de la República será la encargada de revisar las declaraciones juradas de intereses, dentro de los 60 días posteriores a su presentación.

De manera a fortalecer la transparencia, se busca crear un Registro de Declaración Jurada de Intereses que sea accesible para la ciudadanía, en el que se observe qué autoridades no han presentado su declaración jurada de intereses, y se acceda a las declaraciones juradas de intereses de las autoridades que cumplieron con la ley. El registro también contará una lista de funcionarios sancionados por incumplir la ley.

La ley prevé que si el funcionario no realiza la declaración dentro del plazo o la efectúa de manera incompleta será́ apercibido por la Contraloría General de la República para que la realice o rectifique en el plazo de diez días hábiles y, en caso de incumplimiento, le aplicará una multa equivalente al beneficio fiscal de cinco a cincuenta jornales mínimos. Dicha multa se reiterará por cada mes adicional de retardo.

Los sujetos obligados que consignen datos incompletos o imprecisos en su Declaración Jurada de Intereses recibirán una multa de 200 jornales mínimos y la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público por 5 años. Los que proporcionen datos falsos en su declaración, mientras tanto, recibirán una multa de hasta 500 jornales mínimos e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.

El proyecto de ley fue presentado hoy por el Frente Parlamentario contra la Corrupción, y deberá ser tratado por el congreso para su modificación, y posterior aprobación o rechazo. El documento completo puede ser leído en el enlace.