Por primera vez, los ciudadanos podrán conocer quiénes financian las campañas políticas

En las próximas elecciones internas rumbo a los comicios municipales, se controlará y publicará por primera vez información sobre los fondos utilizados por los candidatos en campaña, mediante un mecanismo dispuesto en la ley 6501, que regula el financiamiento político.

Cada candidato o candidata deberá realizar, ante su movimiento interno, la declaración de sus intereses económicos vinculados, que abarca las sociedades en que sean accionistas, inversores, titulares o posean más del 10% del capital. Así, la ciudadanía podrá tener un panorama claro y transparente sobre los intereses económicos de los candidatos.

Los candidatos también deben presentar un informe detallado de las contribuciones y donaciones recibidas para el financiamiento de las campañas, con indicación de origen y monto. De esta manera, la ciudadanía podrá conocer quienes financian a los candidatos, tanto empresas como particulares.

Cada candidato o candidata deberá realizar una Declaración de Informes y Gastos de Campaña (DIGC) dentro de los cinco días posteriores a la oficialización de las candidaturas presentadas, en la que se deberán consignar todos los activos y recursos a ser destinados a la campaña.

Los movimientos partidarios deberán presentar los informes al Tribunal Electoral Partidario, que los remitirá al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), y dentro de los cuarenta días posteriores a las elecciones internas, remitirá también una DIGC por cada candidato y movimiento, para que el TSJE las publique en su portal web.

Estas declaraciones serán presentadas ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), quien brindará un identificador tributario que individualice al partido, movimiento, alianza o concertación para el control del financiamiento de la campaña política.

El identificador será utilizado para todos los ingresos y gastos que se realicen en la campaña, que deberán justificarse con comprobantes legales que serán revisados por funcionarios del TSJE, la SET y la Secretaria de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD).

Entre los gastos electorales se cuentan: Propagandas y publicidades; alquiler de locales; remuneraciones de personal; gastos de transporte; pautas en redes sociales y servicios telefónicos; insumos para las oficinas; e intereses de los créditos obtenidos para el financiamiento de la campaña.

La publicación de los ingresos y gastos, y los intereses económicos vinculados se realizará el 27 de marzo en el sitio web del TSJE. La ciudadanía podrá conocer entonces los detalles sobre el movimiento financiero efectuado por los diferentes candidatos en la campaña, y podrá participar de las elecciones con el panorama un poco más claro.